Reflexionando sobre “La sociedad multiétnica”. Martín Riera

En esta obra, el autor trata de establecer una teoría de la buena sociedad, que entiende es la sociedad pluralista. Pero este pluralismo no debe entenderse como una extensión del multiculturalismo, sino que por el contrario, se opone justamente a él. La pregunta que surge entonces es, hasta qué punto una sociedad abierta puede ser abierta, sin que con ello se produzca una desintegración de la comunidad.

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En efecto, la buena sociedad es según el autor la sociedad abierta, entendida ésta desde una perspectiva liberal, esto es, una sociedad libre donde el Estado limita la libertad de sus ciudadanos para garantizar el bienestar de toda la comunidad. Pero esta sociedad abierta, circunscrita a unas fronteras móviles, sólo puede ser abierta hasta un determinado punto donde comienza a disiparse la comunidad, es decir, presenta un grado de elasticidad a partir del cual la cohesión del grupo o comunidad entra en crisis. Para determinar este grado de elasticidad de la sociedad abierta, el autor nos remite a la noción de pluralismo, pues da buena cuenta de las creencias y valores que dan cohesión al grupo y lo conforman como comunidad. Pero el pluralismo no debe ser entendido como una extensión del multiculturalismo, que promueve las diferencias étnicas y culturales, sino por el contrario, como afirmación de que la diversidad contenida y el disenso son valores que enriquecen al individuo y también a su comunidad.

Es justamente esta pluralidad, la que cristaliza en partidos políticos y fundamenta la democracia liberal, basada en un sistema político donde la disparidad de intereses enriquece el debate y legitima el consenso político. Es mediante un compromiso común, que las facciones devienen en partidos, legítimos y necesarios para organizar una sociedad que no se presenta monocromática, sino variada y diversa. ««Los partidos en plural son un producto “real” del pluralismo como ideal». No obstante, este concepto ha sido viciosamente mal interpretado y reducido a una simple cuestión de multiplicidad de grupos, obviando connotaciones importantes que Sartori trata de recuperar analizándolo desde tres niveles: pluralismo como creencia, pluralismo social y pluralismo político.

En el primero, podemos hablar de cultura pluralista en la medida que no se reproduce una cultura dominante que niega y se enfrenta a las demás, como ocurre en las religiones monoteístas, sino que favorece la convivencia entre éstas y donde esta tolerancia hace emerger la creencia de que la variedad, la discrepancia y el cambio (frente la uniformidad, la unanimidad y el inmovilismo), resultan beneficiosas para la comunidad. Encontramos así la primera diferencia entre multiculturalismo y pluralismo, pues el primero separa, es agresivo e intolerante con la multiplicidad cultural (e incluso la fabrica), negando el pluralismo, cuyo principal intento versa en fomentar el respeto entre las mismas; un reconocimiento que necesariamente ha de ser recíproco. Respecto al pluralismo social, conviene no confundirlo con la diferenciación social presente en todas las sociedades, pues son cosas ciertamente distintas. Una sociedad fragmentada no supone por sí misma una sociedad pluralista. Esto es así, pues la pluralidad implica la existencia de asociaciones voluntarias y múltiples, y la jerarquización social no cumple ninguno de estos requisitos, sino que por el contrario la niega. Por tanto, una sociedad multigrupos es pluralista si, y sólo si, los grupos no son tradicionales y se desarrollan de manera natural, sin ser impuestos. Por ello, se puede asentir que el pluralismo funciona cuando los cleavages, las líneas que separan y definen los grupos, se neutralizan y frenan por múltiples afiliaciones, mientras que es “disfuncional” cuando las líneas de fractura económico-sociales coinciden, sumándose y reforzándose unas a otras.

Por otro lado, el pluralismo político se concibe como una diversificación del poder basada en una pluralidad de partidos, independientes y no exclusivos, esto es, que forman parte de un todo (E Pluribus Unum). La democracia exige de un consenso en cuanto al establecimiento de las reglas del juego, es decir, de los mecanismos y procedimientos por los cuales se adoptan las decisiones políticas, pero la política es ante todo y sobre todo, una resolución de conflictos a través de un debatir y un ajuste entre ideas e intereses discrepantes. La pluralidad se perfila así, como la mejor garantía de que las normas y medidas consensuadas no resulten facciosas ni quiebren los derechos de las minorías, sino que el poder sea ejercido con moderación, dentro de los límites planteados por el respeto del principio pluralista. En este apartado, añade Sartori, el pluralismo afirma y presupone la separación de las distintas esferas de la vida (religión, política y economía), pues resulta condición sine qua non para la convivencia y el relevo de las opciones políticas sin riesgos ni contiendas.

Reconceptualizada la noción de pluralismo, conviene el autor en profundizar sobre dos de los pilares sobre los que sustenta, esto es, la tolerancia y el consenso. Tolerar una actitud, una creencia o una manera de hacer, sentir o pensar, supone que a pesar de considerar las creencias propias como las únicas verdaderas, se concede a aquellos que no las comparten el derecho a cultivar las suyas propias, aun siendo “equivocadas”. La tolerancia sin embargo, no resulta ilimitada sino que se halla en constante tensión. La pregunta que surge pues, es hasta qué punto se esta dispuesto a tolerar, es decir, cuál es la elasticidad de la tolerancia de una sociedad. Este límite obviamente no puede ser establecido inequívocamente (pues es claramente subjetivo y variado), pero sí puede tratarse de discernir a partir de tres criterios. El primero es que siempre de deben proporcionar razones de aquello considerado intolerable, evitando así el dogmatismo. El segundo implica el principio de no agresión, es decir, que no estamos obligados a tolerar comportamientos que nos inflingen daño o perjuicio. Y el tercero es necesariamente la reciprocidad, esto es, al ser tolerantes con los demás, cabe esperar que lo sean con nosotros. Cabe decir, que este presupuesto supone la base por la cual las normas sociales quedan institucionalizadas. Por otro lado, la tolerancia y el consenso tienen mucho que ver con la comunidad, en el sentido en que se presupone que ésta está conformada por individuos que comparten ampliamente unas creencias y reglas consensuadas por todos sus integrantes, y que este sistema de valores y creencias compartidas les unen y cohesionan como grupo. El Estado-Nación supuso el principio organizativo primordial del Estado moderno, cuya pertenencia al mismo venía determinada por un principio de ius sanguinius, pero en la medida en que esta construcción pierde su fuerza y se disgrega por los procesos de modernización e industrialización, debemos inevitablemente según el autor, considerar nuevamente la estructura primordial de organización humana, esto es, la comunidad. La comunidad no obstante, no debe concebirse como una agrupación funcional que persigue la supervivencia del grupo, sino como un grupo de referencia que comparte un sentir común en el que nos identificamos. En consecuencia, los individuos buscan pertenecer, reunirse en comunidades e identificarse en comunidades concretas. La pregunta que surge nuevamente es, hasta qué punto esta comunidad tolera o rechaza la presencia de otros grupos que pueden “amenazar” esta identidad grupal. Esta construcción simbólica de la identidad se está estrechamente íntimimamente ligada a la idea de alteridad, que enfrenta el “ellos” al “nosotros”.

La segunda parte del escrito, comienza insistiendo de nuevo en la necesidad de diferenciar el pluralismo del multiculturalismo antipluralista. Asiente Sartori, que el pluralismo aprecia la diversidad y la considera fecunda, pero no supone que deba multiplicarse ni mucho menos que sea el ideal de sociedad. De hecho, el pluralismo defiende la diversidad pero también la frena. En efecto, no la combate de una manera belicosa ni agresiva, pues encuentra su fundamento en la tolerancia, pero sí combate la desintegración. En suma, la sociedad pluralista debe compensar y equilibrar multiplicidad con cohesión, tendencias disgregadoras con mantenimiento del conjunto. Por el contrario, el multiculturalismo dominante que adopta la diversidad como un valor deseable para la sociedad, vinculado a la libertad y la igualdad del hombre, niega el pluralismo en todas sus facetas, tanto por su intolerancia como por su rechazo al reconocimiento recíproco, haciendo prevalecer la separación sobre la integración.

Cabe considerar en este punto, que cuando el autor habla de múltiples culturas, adopta una perspectiva en la cual ésta es entendida como una identidad, ya sea lingüística, religiosa, étnica, sexual, etc., o como un conjunto de elementos que conforman una tradición o costumbre. Sin embargo, los defensores del multiculturalismo la reducen a diferencias raciales, lo cual denota la carga ideológica de este concepto. No obstante, el peligro de adoptar el discurso multicultural surge al cristalizarse en políticas sociales orientadas a gestionar estas diferencias, y los conflictos que de ellas se puedan generar. En efecto, la asunción del multiculturalismo en el ideario político condena al fracaso todo esfuerzo encaminado a la integración y la cohesión de la sociedad, al errar en su diagnosis y por tanto, en los medios y procedimientos para su consecución. Este el caso de las políticas de discriminación positiva y de la política de reconocimiento, que parten del supuesto taylorista de que todas las culturas tienen un mismo valor, y por tanto, todas ellas deben ser tratadas y respetadas en las mismas condiciones. Sin embargo, este argumento resulta falaz, al considerar de un lado, que si atribuimos a todas ellas un mismo valor caeríamos en un relativismo que destruiría y vaciaría de significado la misma noción de valor, y de otro, seríamos presa de una enorme ingenuidad al negar las relaciones de poder en la configuración de los juicios de valor. Es decir, no debemos caer en un absurdo etnocentrismo que nos lleve a jerarquizar las culturas, pero no cabe duda de que la valoración personal que hacemos de ellas viene constreñida por nuestras preferencias y similitudes con la propia. Ambas políticas se enmarcan dentro del contexto del liberalismo, ya sea aquel que se identifica fuertemente con los derechos individuales y que precisa de un estado rigurosamente neutral, o aquel donde el Estado está comprometido en la salvaguarda de una particular nación, cultura o religión, etc., para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de distinta afiliación.

El tratamiento preferencial se concibe como una política correctora y de compensación, capaz de crear o recrear “iguales oportunidades”, esto es, iguales oportunidades de partida para todos. Por tanto, se trata de eliminar las diferencias que perjudican para después restablecer la ley igual para todos; se busca así, al ciudadano indiferenciado. Por el contrario, las diferencias que interesan a la política del reconocimiento no son diferencias consideradas injustas, y consiguientemente no pretenden eliminarse, sino que son más bien desconocidas y sometidas a juicio. Se trata pues de diferenciar al ciudadano y separarlo del resto, estableciendo para él procedimientos personalizados y acordes a su situación. No obstante, ambas se asemejan en sus mecanismos de actuación, y en sus efectos y defectos, porque en ambos casos se interviene con una discriminación. En suma, el Estado crea las desigualdades, bien visibilizando las diferencias latentes presentes en la sociedad, bien reforzándolas mediante políticas segregadoras. Ambas políticas incurren en reacciones de rechazo, si bien las planteadas bajo la tutela del multiculturalismo no se limitan a reconocer las diferencias, sino que más bien las fabrica y multiplica, aislándolas y creando grupos diferenciados.

Adoptar este tipo de políticas supone volver a un estado legal anterior, caracterizado por el arbitrio y unas desiguales relaciones de poder. En opinión del autor, los tres pilares sobre los que se sustenta el estado liberal, garantizan una efectiva igualdad en la resolución de conflictos entre ciudadanos, pues sólo sometiéndose y cediendo la libertad individual a un bien superior, la ley, puede librarse el individuo del yugo y tiranía de su opresor. Es decir, sólo el establecimiento de leyes generales, dictadas por un estado neutro y ejecutadas por un burócrata que se debe a su cargo, puede garantizar la igualdad y liberta de los ciudadanos. De esta manera, el establecimiento de leyes o políticas diferenciadas suponen un mecanismo que entorpece e impide la pretendida igualdad por la que abogan los multiculturalistas. Sartori sin embargo, conviene en considerar que los tratos desiguales que violan el principio de generalidad de la ley, puede ser aceptables cuando se persiguen resultados iguales. Sin embargo tal afirmación, que no deja de ser una valoración y como tal arbitraria, cae en una enorme contradicción, aunque sólo sea a nivel discursivo; no debieran considerarse excepciones cuando se aboga tajantemente por la unidad y la uniformidad. Por otro lado, el autor alude a elementos y principios de un estado liberal obsoleto, diseñado para salvaguardar la propiedad privada de la creciente burguesía del siglo XVIII, que niega la existencia de desiguales relaciones de poder en la esfera privada y contempla diferencias entre los ciudadanos, en función de sus posesiones; por todo ello, surgen reticencias al considerar el estado liberal como “ideal” de organización social.

Todo lo anterior nos lleva a considerar un aspecto fundamental que conecta al individuo con el Estado; el concepto de ciudadanía y sus derechos derivados. Sartori conviene en aclarar que la actual crisis de la ciudadanía no proviene propiamente de la crisis del Estado-Nación, sino de su estructura liberal constitucional, es decir, de la naturaleza de las leyes que dotan a los ciudadanos de tales derechos. Unos derechos que denotan el estatus del ciudadano y que tradicionalmente han quedado divididos en derechos políticos, civiles y sociales; los cuales se contraponen a los derechos universales del hombre –de base iusnaturalista – Con ello, la condición fundante de la ciudadanía que instituye el “ciudadano libre” es la igualdad inclusividad, es decir, que los derechos sean extensibles a todos los individuos, y no privilegio de unos cuantos, y por ende, parafraseando a Dahrendorf, «los derechos de ciudadanía son la esencia de la sociedad abierta» (por la que aboga Sartori). Tras esta breve consideración, resulta cuanto menos extraño, que el autor mantenga la convicción de que no se debe conceder la ciudadanía a los inmigrantes, pues además de fraccionarla, podrían acabar imponiendo su cultura sobre la nacional o propia. Y afirmo que resulta sorprendente, dado que el mismo autor reconoce la necesidad de que lo derechos sean universales para garantizar una efectiva igualdad, y puesto que admite la importancia de éstos en la construcción y configuración del estatus del inmigrante, pues determinan con ello su posición social y jurídico-política dentro de la estructura social. En síntesis, la negación de los derechos políticos pone en peligro los derechos sociales, provoca irremediablemente que los inmigrantes se vean como diferentes, se desengañen de las promesas de igualdad de oportunidades de la meritocracia occidental, y a menudo desembocan en actitudes de rechazo que impiden la integración en la sociedad de acogida. Por otro lado, parece acertado suponer, que aún en el mejor de los casos la asimilación de los valores de la sociedad de acogida por parte de los recién llegados resulte utópica, por cuanto representa la dificultad de “resocializar” a un individuo en una etapa ya adulta. Sin embargo, cabe esperar en pro de una buena convivencia y una buena sociedad, que éstos toleren los valores y reglas por los que esa sociedad se rige, de acuerdo al presupuesto de un amplio consenso social, y que sus descendientes los interioricen, sin olvidar sus raíces o las creencias de sus progenitores, las compatibilice y enriquezcan. Las políticas de inmigración puestas en marcha en Europa, de corte multicultural, segregan espacial y socialmente a este colectivo y lo condenan a la estigmatización, generando un imaginario repleto de estereotipos y mitos que marcan las relaciones de éstos con los autóctonos, quienes ven en los visitantes una amenaza para su identidad y en el acceso a los recursos. En consecuencia, se generan tensiones y situaciones de conflicto que se manifiestan en actos xenófobos y reivindicativos.

Si se debe o no conceder la ciudadanía a los inmigrantes, que lejos de alimentar el mito del retorno deciden establecerse de manera permanente en el país de acogida, es una cuestión que no vamos a dilucidar en este momento, ya que éste es un debate sujeto a valoraciones que exceden las pretensiones de esta reflexión, pero no puede quedar duda alguna que una discriminación y limitación de los derechos no puede sino generar ciudadanos de primera y segunda clase, ciudadanos diferentes y desiguales, y por tanto, sociedades cerradas, segmentadas y estratificadas que hacen difícil la relación y cohesión de la comunidad. En este punto, es donde conviene retomar el concepto de elasticidad por el cual el autor apuesta desde el principio. Si un aumento de la diversidad y la integración de “otros” en la comunidad comportan una desintegración de sus valores y maneras de hacer, se debe pues plantear el límite que puede soportar antes de que se rompa la cohesión social que es imprescindible para su funcionamiento.

Por último, Sartori establece una división entre extranjeros e inmigrantes, que si bien puede resultar acertada y justificada, conviene matizar. Parece convincente que no todas las diferencias culturales adquieren la misma importancia para quienes conviven con ellas, y que en consecuencia, unas son más toleradas que otras; y en contraposición, unas generan más rechazo que otras. Así mismo, resulta fácilmente observable que las diferencias de lengua y costumbres son extrañezas superables, mientras que las diferencias religiosas y étnicas producen extrañezas radicales. Es decir, las dos últimas se presentan conflictivas, en cuanto que condicionan la manera de entender el mundo y de habitarlo, pudiendo entrar en confrontación las diferentes creencias, mientras que las primeras no son percibidas como una amenaza para la identidad del grupo. En entonces cuando de una manera sutil, Sartori da un salto y establece una diferencia entre inmigrantes del mundo afroárabe, y extranjeros de otros lugares, sin considerar otros aspectos como la precariedad que padecen en el lugar de acogida, que dificulta su adaptación e integración. En efecto, y en contra de lo postulado por Sartori, la hostilidad que deja entrever el autor entre afroárabes y europeos, no se debe únicamente a las diferencias religiosas, sino también y sobretodo a su situación socioeconómica que los margina y aísla. Se puede de hecho asentir, que el aumento de inmigración procedente de África no ha venido determinada por la situación de pobreza extrema de este continente, sino por la precarización del trabajo acontecida en Europa, y que ha abierto la posibilidad de que esta mano de obra descualificada pueda acceder a los trabajos con peores condiciones laborales y exentas de prestigio social. Aún con todo ello, el número de inmigrantes africanos es notablemente inferior al procedente de otros lugares – que sí comparten religión y raza –, con lo que resulta cuanto menos injusto y sospechoso, atribuir los conflictos a raíz del aumento de la diversidad.

En síntesis, de lo que se trata es de averiguar a qué está dispuesta a ceder la población autóctona, asumiendo que un aumento de la inmigración, que por sus características se presenta necesitada, redundará en una limitación de sus recursos económicos, sociales e institucionales, sin olvidar que la manera en que se integren en la sociedad de acogida dependerá precisamente de los recursos que se pongan a su disposición para su integración en la comunidad, y por ende redundará en una mayor o menor percepción de amenaza de la identidad del grupo.

Quant a vicentflor

Vicent Flor nasqué l\'any 1971 a València, ciutat on hi hi viu. És llicenciat en Ciències Polítiques i està enllestint la seua tesi doctoral sobre l\'anticatalanisme a l\'àrea metropolitana de València. Actualment és professor de Sociologia de la Universitat de València i de la UNED i conservador del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM).
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